Derecho y coherencia en educación

Hacia las últimas décadas ha sido cada vez más clara la tendencia a entender la educación como un derecho, al menos por parte de algunas instituciones, representantes populares y organismos internacionales. Esta tendencia se ha visto contrastada en el terreno de los hechos por al menos tres situaciones:

Aunque es un lugar común para varios actores de los procesos educativos, el derecho a la educación parece concluir cuando los intereses gremiales, grupales o económicos se ven cuestionados. Así la mal practicada prerrogativa sobre los contratos colectivos y sus consecuentes beneficios para solo pocos trabajadores de la educación ha propiciado una serie de desencuentros sobre algo que aún no se cuestiona ¿de quién es y cómo se ejerce el derecho a la educación?

Pasa algo similar cuando se habla de la educación pertinente y de calidad hacia los grupos sociales en situaciones de marginación, el caso de los pueblos originarios y la tradición de desconocimiento de las mejores maneras de atenderles es un buen ejemplo. Mientras especialistas (o algo similar), discuten con autoridades educativas e intentan convencer a docentes de una necesaria transformación de las prácticas, otros grupos construyen desde lo práctico experiencias dignas de dialogar con el sistema educativo nacional, los subsistemas locales y regionales. Sin embargo, en estos casos parece quedar pendiente la respuesta a la misma pregunta ¿de quién es y cómo se ejerce el derecho a la educación?

La tercer situación es la de la educación media superior y superior que se ofrece,  curiosa coincidencia,  a los grupos sociales en situación de marginación. En una platica ofrecida en un congreso de pedagogía crítica el año pasado, comentaba a los participantes que la inquietud que había desatado la reforma educativa iniciada aparentemente en 2013 sobre la privatización de las escuelas era un error. Hace muchos años en el país la privatización se da y avanza, los niveles superior y medio superior son su punta de lanza. Además, por complejo que parezca, me atrevo a afirmar que el mercado de las escuelas particulares que ofrecen estudios de bachillerato o superiores está en las clases bajas.

Para comprobarlo podemos hacer un ejercicio sencillo, imaginemos el mapa del país y marquemos con un color las regiones con ingresos medios a altos y con otro las regiones con ingresos medios a bajos, con facilidad notaremos que  la mayor parte de la gente con ingresos altos habita en las grandes ciudades. Por su parte las personas con bajos ingresos está en las ciudades pequeñas, rancherías, comunidades, etc., con excepción de quienes viven en las colonias marginales y habitantes en situación de calle. Enseguida tratemos de recordar, ¿dónde están los bachilleratos públicos y universidades autónomas?, ¿quién accede a ellos?

Salvo las experiencias de los bachilleratos comunitarios, la mayoría de escuelas públicas de nivel bachillerato se ofrecen en ciudades, lo mismo pasa con las universidades públicas. Quienes estudian en estas escuelas y su familia no es de la ciudad, deben hacer varios sacrificios para poder costear esta oportunidad. Es por ello que muchas veces es más barato pagar una escuela privada en una ciudad cercana a las comunidades que pagar los costos que representan las escuelas públicas que se ubican en cabeceras municipales o capitales estatales, (transporte, hospedaje, alimento más materiales).

Sucede además que a las escuelas lejanas no siempre van los mejores profesores, el currículum flexible es en este país una ficción, además de que los estudiantes tienen proyectos claros que podrían negociarse en cuanto a su atención dentro de las aulas.

Por su parte los habitantes de las zonas marginales de las ciudades deben concursar por un espacio en las escuelas públicas, gratamente podemos decir que la alta demanda y poca oferta educativa ofrece las mejores condiciones para que la selección de quienes ingresan sea rigurosa. Pero lamentablemente la realidad de este pensamiento deja a muchas personas fuera de la posibilidad “de ejercer su derecho”, la alternativa que tienen es pagar a escuelas privadas.

¿Qué clase de sociedad sostiene en sus argumentos que sus habitantes tienen derechos pero permite que en los hechos pagar para ejercerlo sea la mejor alternativa para quienes tienen menos recursos?

Si la educación es un derecho tal vez tendríamos que aclarar por qué. A efectos de ser sintéticos podemos acordar que el conocimiento que se ha generado en la historia de la humanidad, o al menos mucho de este conocimiento, no tiene derechos de autor, debería estar disponible para quién lo quiera usar. El caso de los sistemas de escritura, el razonamiento matemático y los fundamentos de las ciencias cumplen esta condición, son producto de reflexiones de miles de años y por tanto cualquiera debería poder acceder a ellos, ¿por qué pagar para poder aprender una mínima parte de esto?

En consecuencia con estas reflexiones sugiero tomarnos en serio la respuesta a las siguientes preguntas:

¿Los titulares de este derecho tienen las condiciones para ejercerlo?

¿Convendría que puedan decidir sobre las formas y modos de ejercer ese derecho? es decir ¿no tendríamos que apelar a un diseño participativo de políticas públicas?

¿Para que el derecho fuera ejercido de modo legítimo no convendría cambiar la lógica de políticas públicas?

 

 

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