Escolaridad e ingreso en México

La asociación entre los niveles de instrucción y la mejora de las condiciones de vida es una idea tan novedosa como el pensamiento ilustrado y lamentablemente persiste en nuestros días. La siguiente reflexión no pretende justificar la negación del derecho a la educación, pero sí busca dar cuenta de algunos retos en el planteamiento de políticas tendientes al aumento de la escolarización.

Ya desde el nacimiento de los Estados Nación en el siglo XVIII y XIX se distinguía entre naciones ricas y pobres asociando su condición al acceso a las letras, la ciencia y la cultura por parte de los ciudadanos, estas ideas se vieron relacionadas también con el racismo y clasismo de la época, justificando el discurso sobre el que se sustentó el colonialismo.

En la segunda mitad del siglo XIX, el pensamiento positivista, los primeros esfuerzos sociológicos, antropológicos y educativos tuvieron esa influencia, lo mismo que en el siglo XX. La política educativa novedosa y relevante de Vasconcelos y su creación de las misiones culturales en la década de 1920 no pudo escapar a este pensamiento. La idea general durante estos siglos en los países periféricos fue sacar a los pueblos de su atraso, sobre todo si pertenecían a alguna cultura indígena, los campesinos eran vistos con la misma lupa, el trabajo en el campo ha sido durante toda la modernidad un trabajo indigno, cansado, que las personas “preparadas” podrían evitar. Estas ideas persisten pero habría que ver si la mejora de las condiciones de vida y su asociación con la escolaridad se puede sostener. Al momento hay dos preguntas que podemos responder:

  1. ¿Qué implica en la vida de los jóvenes habitantes de localidades marginadas lograr estudios de nivel medio superior y superior?
  2. ¿Qué condiciones de ingreso y bienestar pueden lograr con el aumento de escolarización?

Sobre la primera pregunta, durante los últimos catorce años he conversado con jóvenes estudiantes de secundaria, bachillerato y superior de al menos treinta estados de la república, casi todos habitantes de localidades rurales. Tomo parte de esas conversaciones para ilustrar una posible respuesta.

Imaginemos a un joven estudiante de secundaria que vive en una localidad menor a 1500 habitantes, un pueblo o una localidad alejada. Sus padres posiblemente tengan un oficio o se dediquen al campo, con seguridad los servicios educativos disponibles llegan a bachillerato, la deserción en este nivel escolar puede llegar a un 20%. Se trata de las localidades que ahora son beneficiadas con becas motivando la permanencia escolar de los jóvenes, aunque el sentido común nos indica que no hay dinero que alcance, así que a pesar del apoyo gubernamental los padres de familia y los mismos jóvenes continúan haciendo esfuerzos.

En estas localidades las oportunidades laborales son limitadas, se reducen a la participación como vendedores en comercios locales, al trabajo asalariado en el campo, en ocasiones hay profesionistas locales que tienen un despacho o consultorio y requieren apoyo, no más, además de actividades ilegales. Los jóvenes que estudian el bachillerato tendrán poca probabilidad de encontrar un empleo en esos lugares, por lo que una opción es salir a buscar nuevas oportunidades, la otra es quedarse, trabajan en lo que encuentren y continuar su vida.

Eventualmente estos jóvenes podrán realizar estudios superiores, pero las escuelas públicas no están ahí, solo en las capitales de los estados y ciudades importantes, así que la primera opción es una escuela de paga en su localidad o en una localidad más grande, trabajar para pagar sus estudios y tal vez recibir apoyo de sus familias. En varios casos otros familiares han salido antes a estudiar – hermanos, primos o tíos – les apoyan o aconsejan. En pocas ocasiones al concluir sus estudios vuelven a su localidad, la misma estructura productiva ocasiona que permanezcan en localidades mas grandes, en términos subjetivos se puede decir que las expectativas de vida de estos jóvenes también marcan una distancia con la realidad de sus comunidades.

En relación con la pregunta sobre las condiciones de ingreso asociadas al nivel de escolaridad. Es complicado hablar de bienestar en términos concretos, en las discusiones sobre el tema se menciona que hay un componente subjetivo muy relevante, identificarlo ha servido para cuestionar el papel del ingreso promedio en las mediciones sobre calidad de vida y desarrollo humano, sin embargo, tampoco se ha descartado esta variable. Como complemento a la reflexión anterior pensemos entonces en el ingreso de los trabajadores que estudiaron bachillerato o superior entre 2005 y 2018 según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI.

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En el cuarto trimestre de 2005, de este grupo percibían más de 5 salarios mínimos 2 973 717, en el mismo periodo de 2018 lo hacían 1 898 879, es decir, una disminución de un millón de personas. En cambio, en 2005 1 337 649 percibían más de uno y hasta dos salarios mínimos, mientras que en el cuarto trimestre de 2018, 4 357 880 se encontraban en esa situación, es decir, un aumento de tres millones de personas. Hagamos más claro el comparativo, hacia finales de 2005 un 19% de la población con estudios de nivel medio superior y superior percibía hasta dos salarios mínimos, mientras en 2018 lo hacía un 39%, en 2005 un 19% recibía de 2 a 3 salarios mínimos, en 2018 lo hacía un 24%. En 2005 un 30% percibía entre 3 y 5 salarios, en 2018 apenas 25%. Por último, quienes percibían más de 5 salarios mínimos en 2005 representaban un 32%, en 2018 apenas 12%.

Si hiciéramos el análisis por estado o municipio podríamos encontrar comportamientos contrastantes, sin embargo podemos decir que en términos globales el ingreso asociado a la escolaridad muestra una reducción importante en este periodo, ¿cómo se puede sostener entonces la asociación entre escolaridad e ingreso en este país? Lo interesante es que no se trata de una situación aislada, en el documento titulado Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial?, que publicó la UNESCO en 2015 ya se menciona esta problemática.

¿Será que basta con ampliar la oferta educativa en todos los lugares del país para modificar las condiciones de vida de las poblaciones?, ¿sería pertinente también modificar las condiciones de producción?, ¿habría otras cosas que cambiar para promover mejores condiciones de bienestar en lugar de depositar las expectativas en el aumento de escolairzación?, por último, ¿convendría en todo caso hacer pertinentes los programas educativos para que los estudiantes de localidades apartadas permanezcan y promuevan mejoras para la población?

Ampliar la oferta educativa sin promover cambios en los sectores productivos y en las expectativas sociales – como sucedió en este país con el nivel medio superior desde 2013 – o mejor aún, sin vincular los programas de estudio con el contexto de los estudiantes, es casi como habilitar una escalera al vacío. Apuntamos entonces la apuesta por una política integral.

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